En Dinamarca, en 1959, se introdujo el principio de Normalización, que aboga porque las personas con discapacidades desarrollen una vida lo más normal posible, participando en actividades cotidianas. Este principio ganó fuerza con la Declaración de los Derechos Generales y Especiales del Deficiente Mental en 1968.
En las décadas de 1950 y 1960, surgieron cuestionamientos sobre cómo se atendía a las personas con discapacidades. Grupos como la National Association for Retarded Children comenzaron a luchar por sus derechos, desafiando conceptos tradicionales como el coeficiente intelectual y los términos de "normal" y "anormal", que son constructos sociales.
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La Normalización llevó a la implementación del principio de Integración, que se opone a la segregación y promueve que todas las personas participen plenamente en la sociedad según sus necesidades individuales. En educación, esto significa ofrecer servicios adaptados a cada alumno. Durante esta etapa, se reconoce a las personas con discapacidad como ciudadanos con derechos y deberes, capaces de aprender.
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En los años 70, en Estados Unidos y Canadá, un movimiento de padres y profesionales abogó por que los estudiantes con discapacidad no solo tuvieran acceso a la educación, sino que también pudieran participar activamente en el entorno escolar. Se buscó adaptar las escuelas a las necesidades de estos estudiantes, reconociendo la educación como un derecho y valorando la diversidad. Esto sentó las bases para el concepto de Educación Inclusiva.