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Democratización del Sistema Político Mexicano

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Habremos de iniciar una nueva etapa histórica en la que el pluripartidismo, la alternancia en el poder, la cohabitación de diversas fuerzas políticas y la participación ciudadana sean el respaldo más sólido de una nueva etapa de la democracia mexicana. Sin embargo, las nuevas condiciones de la realidad mexicana ya no se corresponden con las instituciones y procedimientos consagrados por el texto fundamental.

Apreciables alumnos, como saben, hoy daremos un recorrido por la Democratización del Sistema Político Mexicano. Concretamente, aquellas las circunstancias que rodearon el cambio institucional y la alternancia en México.

Corremos el riesgo severo de hacer estallar el pacto social que nos da viabilidad institucional, por lo que es indispensable considerar estas nuevas condicionantes para revisar o reelaborar el contrato social y abrir nuevos cauces constitucionales de un régimen democrático que ya no gire más en torno ala figura presidencial ni a un partido oficial y que tome en cuenta las nuevas condiciones políticas del país, algunas de las cuales han sido objeto de este recorrido tan interesante que realizamos hoy.

La Constitución de 1917 permitió resolver los conflictos armados en la lucha por el poder, y la creación del Partido Nacional Revolucionario permitió el tránsito de un régimen de luchas intestinas y de golpes de mano, a un régimen institucionalizado, que hoy debemos considerar consolidado.

Esta situación ha hecho que, en lo general, la participación electoral de estas tres fuerzas tienda al reparto equilibrado de posiciones, apuntando las tres, hacia el 33% de los cargos de representación popular, tanto a nivel federal como en los niveles estatal y municipal. Lo que, a pesar de lo sano que pudiera ser, representa una serie importante de condicionantes en el ejercicio del poder, ya que lo que está desapareciendo es el principio de mayoría absoluta.

A ello habría que apuntar una situación adicional que parece aún más grave: el triunfo electoral del 2 de julio, en lo que se refiere a la elección presidencial, no puede atribuirse a ningún partido político, en razón de las siguientes consideraciones: el triunfo se acreditó formalmente a una coalición de partidos, formada por uno de los tres grandes y por otro de los pequeños, que aún sigue luchando por conservar su registro.

El poder del presidente canceló la posibilidad de vivir en un verdadero pacto federal, en el que los poderes estatales y municipales tuvieran la factibilidad de ejercer y hacer respetar su esfera competencial. El centralismo se superpuso al orden federal, consagrado por la norma fundamental, de manera que el presidente era gobernador, legislador y juzgador local y, cuando era necesario, alcalde y regidor.


En este ámbito y, en la medida en que el sistema de coordinación fiscal y el régimen de transferencias de recursos de la federación a los estados subsista, el presidente conservará la posibilidad de intervenir en la administración financiera de los estados y municipios, en detrimento del orden federal, pero el resto de atribuciones políticas, electorales, sociales y administrativas que ejercía el presidente habrán desaparecido.

Claro profesor. Se trata de un proceso de descongestionamiento del poder que reunía, en su esfera jurídica, política y social, el Ejecutivo de la Unión. Proceso del que se benefician el resto de los actores políticos e instituciones político-constitucionales.


Entre Ejecutivo y partido ya no se presenta la relación simbiótica que los hacía aparecer como fuerza política invencible, inatacable e incluso incuestionable. El partido triunfante ya no repite la disciplina ciega con respecto al titular del Ejecutivo, de suerte que ya no funciona como brazo político del presidente. Esta nueva correlación de fuerzas no sólo beneficia al Legislativo y como veremos, también al Poder Judicial de la Federación, sino incluso al sistema federal, en su conjunto.


: Este proceso incluye las facultades que ejercía el presidente para definir, por ejemplo, las listas de candidatos a diputados locales, los candidatos a gobernador y aun a un buen número de presidentes municipales. Aunado a lo anterior, el presidente perdió —y hay que subrayar que este proceso se inició discrecionalmente con el último gobernante priísta— la posibilidad de influir en los resultados electorales de todo el país que despertaran su interés.

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Habremos de iniciar una nueva etapa histórica en la que el pluripartidismo, la alternancia en el poder, la cohabitación de diversas fuerzas políticas y la participación ciudadana sean el respaldo más sólido de una nueva etapa de la democracia mexicana. Sin embargo, las nuevas condiciones de la realidad mexicana ya no se corresponden con las instituciones y procedimientos consagrados por el texto fundamental.

Apreciables alumnos, como saben, hoy daremos un recorrido por la Democratización del Sistema Político Mexicano. Concretamente, aquellas las circunstancias que rodearon el cambio institucional y la alternancia en México.

Corremos el riesgo severo de hacer estallar el pacto social que nos da viabilidad institucional, por lo que es indispensable considerar estas nuevas condicionantes para revisar o reelaborar el contrato social y abrir nuevos cauces constitucionales de un régimen democrático que ya no gire más en torno ala figura presidencial ni a un partido oficial y que tome en cuenta las nuevas condiciones políticas del país, algunas de las cuales han sido objeto de este recorrido tan interesante que realizamos hoy.

La Constitución de 1917 permitió resolver los conflictos armados en la lucha por el poder, y la creación del Partido Nacional Revolucionario permitió el tránsito de un régimen de luchas intestinas y de golpes de mano, a un régimen institucionalizado, que hoy debemos considerar consolidado.

Esta situación ha hecho que, en lo general, la participación electoral de estas tres fuerzas tienda al reparto equilibrado de posiciones, apuntando las tres, hacia el 33% de los cargos de representación popular, tanto a nivel federal como en los niveles estatal y municipal. Lo que, a pesar de lo sano que pudiera ser, representa una serie importante de condicionantes en el ejercicio del poder, ya que lo que está desapareciendo es el principio de mayoría absoluta.

A ello habría que apuntar una situación adicional que parece aún más grave: el triunfo electoral del 2 de julio, en lo que se refiere a la elección presidencial, no puede atribuirse a ningún partido político, en razón de las siguientes consideraciones: el triunfo se acreditó formalmente a una coalición de partidos, formada por uno de los tres grandes y por otro de los pequeños, que aún sigue luchando por conservar su registro.

El poder del presidente canceló la posibilidad de vivir en un verdadero pacto federal, en el que los poderes estatales y municipales tuvieran la factibilidad de ejercer y hacer respetar su esfera competencial. El centralismo se superpuso al orden federal, consagrado por la norma fundamental, de manera que el presidente era gobernador, legislador y juzgador local y, cuando era necesario, alcalde y regidor.


En este ámbito y, en la medida en que el sistema de coordinación fiscal y el régimen de transferencias de recursos de la federación a los estados subsista, el presidente conservará la posibilidad de intervenir en la administración financiera de los estados y municipios, en detrimento del orden federal, pero el resto de atribuciones políticas, electorales, sociales y administrativas que ejercía el presidente habrán desaparecido.

Claro profesor. Se trata de un proceso de descongestionamiento del poder que reunía, en su esfera jurídica, política y social, el Ejecutivo de la Unión. Proceso del que se benefician el resto de los actores políticos e instituciones político-constitucionales.


Entre Ejecutivo y partido ya no se presenta la relación simbiótica que los hacía aparecer como fuerza política invencible, inatacable e incluso incuestionable. El partido triunfante ya no repite la disciplina ciega con respecto al titular del Ejecutivo, de suerte que ya no funciona como brazo político del presidente. Esta nueva correlación de fuerzas no sólo beneficia al Legislativo y como veremos, también al Poder Judicial de la Federación, sino incluso al sistema federal, en su conjunto.


: Este proceso incluye las facultades que ejercía el presidente para definir, por ejemplo, las listas de candidatos a diputados locales, los candidatos a gobernador y aun a un buen número de presidentes municipales. Aunado a lo anterior, el presidente perdió —y hay que subrayar que este proceso se inició discrecionalmente con el último gobernante priísta— la posibilidad de influir en los resultados electorales de todo el país que despertaran su interés.

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Apreciables alumnos, como saben, hoy daremos un recorrido por la Democratización del Sistema Político Mexicano. Concretamente, aquellas las circunstancias que rodearon el cambio institucional y la alternancia en México.

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A ello habría que apuntar una situación adicional que parece aún más grave: el triunfo electoral del 2 de julio, en lo que se refiere a la elección presidencial, no puede atribuirse a ningún partido político, en razón de las siguientes consideraciones: el triunfo se acreditó formalmente a una coalición de partidos, formada por uno de los tres grandes y por otro de los pequeños, que aún sigue luchando por conservar su registro.

El poder del presidente canceló la posibilidad de vivir en un verdadero pacto federal, en el que los poderes estatales y municipales tuvieran la factibilidad de ejercer y hacer respetar su esfera competencial. El centralismo se superpuso al orden federal, consagrado por la norma fundamental, de manera que el presidente era gobernador, legislador y juzgador local y, cuando era necesario, alcalde y regidor.


En este ámbito y, en la medida en que el sistema de coordinación fiscal y el régimen de transferencias de recursos de la federación a los estados subsista, el presidente conservará la posibilidad de intervenir en la administración financiera de los estados y municipios, en detrimento del orden federal, pero el resto de atribuciones políticas, electorales, sociales y administrativas que ejercía el presidente habrán desaparecido.

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Entre Ejecutivo y partido ya no se presenta la relación simbiótica que los hacía aparecer como fuerza política invencible, inatacable e incluso incuestionable. El partido triunfante ya no repite la disciplina ciega con respecto al titular del Ejecutivo, de suerte que ya no funciona como brazo político del presidente. Esta nueva correlación de fuerzas no sólo beneficia al Legislativo y como veremos, también al Poder Judicial de la Federación, sino incluso al sistema federal, en su conjunto.


: Este proceso incluye las facultades que ejercía el presidente para definir, por ejemplo, las listas de candidatos a diputados locales, los candidatos a gobernador y aun a un buen número de presidentes municipales. Aunado a lo anterior, el presidente perdió —y hay que subrayar que este proceso se inició discrecionalmente con el último gobernante priísta— la posibilidad de influir en los resultados electorales de todo el país que despertaran su interés.

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A ello habría que apuntar una situación adicional que parece aún más grave: el triunfo electoral del 2 de julio, en lo que se refiere a la elección presidencial, no puede atribuirse a ningún partido político, en razón de las siguientes consideraciones: el triunfo se acreditó formalmente a una coalición de partidos, formada por uno de los tres grandes y por otro de los pequeños, que aún sigue luchando por conservar su registro.

El poder del presidente canceló la posibilidad de vivir en un verdadero pacto federal, en el que los poderes estatales y municipales tuvieran la factibilidad de ejercer y hacer respetar su esfera competencial. El centralismo se superpuso al orden federal, consagrado por la norma fundamental, de manera que el presidente era gobernador, legislador y juzgador local y, cuando era necesario, alcalde y regidor.


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: Este proceso incluye las facultades que ejercía el presidente para definir, por ejemplo, las listas de candidatos a diputados locales, los candidatos a gobernador y aun a un buen número de presidentes municipales. Aunado a lo anterior, el presidente perdió —y hay que subrayar que este proceso se inició discrecionalmente con el último gobernante priísta— la posibilidad de influir en los resultados electorales de todo el país que despertaran su interés.

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Entre Ejecutivo y partido ya no se presenta la relación simbiótica que los hacía aparecer como fuerza política invencible, inatacable e incluso incuestionable. El partido triunfante ya no repite la disciplina ciega con respecto al titular del Ejecutivo, de suerte que ya no funciona como brazo político del presidente. Esta nueva correlación de fuerzas no sólo beneficia al Legislativo y como veremos, también al Poder Judicial de la Federación, sino incluso al sistema federal, en su conjunto.


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Esta situación ha hecho que, en lo general, la participación electoral de estas tres fuerzas tienda al reparto equilibrado de posiciones, apuntando las tres, hacia el 33% de los cargos de representación popular, tanto a nivel federal como en los niveles estatal y municipal. Lo que, a pesar de lo sano que pudiera ser, representa una serie importante de condicionantes en el ejercicio del poder, ya que lo que está desapareciendo es el principio de mayoría absoluta.

A ello habría que apuntar una situación adicional que parece aún más grave: el triunfo electoral del 2 de julio, en lo que se refiere a la elección presidencial, no puede atribuirse a ningún partido político, en razón de las siguientes consideraciones: el triunfo se acreditó formalmente a una coalición de partidos, formada por uno de los tres grandes y por otro de los pequeños, que aún sigue luchando por conservar su registro.

El poder del presidente canceló la posibilidad de vivir en un verdadero pacto federal, en el que los poderes estatales y municipales tuvieran la factibilidad de ejercer y hacer respetar su esfera competencial. El centralismo se superpuso al orden federal, consagrado por la norma fundamental, de manera que el presidente era gobernador, legislador y juzgador local y, cuando era necesario, alcalde y regidor.


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Entre Ejecutivo y partido ya no se presenta la relación simbiótica que los hacía aparecer como fuerza política invencible, inatacable e incluso incuestionable. El partido triunfante ya no repite la disciplina ciega con respecto al titular del Ejecutivo, de suerte que ya no funciona como brazo político del presidente. Esta nueva correlación de fuerzas no sólo beneficia al Legislativo y como veremos, también al Poder Judicial de la Federación, sino incluso al sistema federal, en su conjunto.


: Este proceso incluye las facultades que ejercía el presidente para definir, por ejemplo, las listas de candidatos a diputados locales, los candidatos a gobernador y aun a un buen número de presidentes municipales. Aunado a lo anterior, el presidente perdió —y hay que subrayar que este proceso se inició discrecionalmente con el último gobernante priísta— la posibilidad de influir en los resultados electorales de todo el país que despertaran su interés.

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Apreciables alumnos, como saben, hoy daremos un recorrido por la Democratización del Sistema Político Mexicano. Concretamente, aquellas las circunstancias que rodearon el cambio institucional y la alternancia en México.

Corremos el riesgo severo de hacer estallar el pacto social que nos da viabilidad institucional, por lo que es indispensable considerar estas nuevas condicionantes para revisar o reelaborar el contrato social y abrir nuevos cauces constitucionales de un régimen democrático que ya no gire más en torno ala figura presidencial ni a un partido oficial y que tome en cuenta las nuevas condiciones políticas del país, algunas de las cuales han sido objeto de este recorrido tan interesante que realizamos hoy.

La Constitución de 1917 permitió resolver los conflictos armados en la lucha por el poder, y la creación del Partido Nacional Revolucionario permitió el tránsito de un régimen de luchas intestinas y de golpes de mano, a un régimen institucionalizado, que hoy debemos considerar consolidado.

Esta situación ha hecho que, en lo general, la participación electoral de estas tres fuerzas tienda al reparto equilibrado de posiciones, apuntando las tres, hacia el 33% de los cargos de representación popular, tanto a nivel federal como en los niveles estatal y municipal. Lo que, a pesar de lo sano que pudiera ser, representa una serie importante de condicionantes en el ejercicio del poder, ya que lo que está desapareciendo es el principio de mayoría absoluta.

A ello habría que apuntar una situación adicional que parece aún más grave: el triunfo electoral del 2 de julio, en lo que se refiere a la elección presidencial, no puede atribuirse a ningún partido político, en razón de las siguientes consideraciones: el triunfo se acreditó formalmente a una coalición de partidos, formada por uno de los tres grandes y por otro de los pequeños, que aún sigue luchando por conservar su registro.

El poder del presidente canceló la posibilidad de vivir en un verdadero pacto federal, en el que los poderes estatales y municipales tuvieran la factibilidad de ejercer y hacer respetar su esfera competencial. El centralismo se superpuso al orden federal, consagrado por la norma fundamental, de manera que el presidente era gobernador, legislador y juzgador local y, cuando era necesario, alcalde y regidor.


En este ámbito y, en la medida en que el sistema de coordinación fiscal y el régimen de transferencias de recursos de la federación a los estados subsista, el presidente conservará la posibilidad de intervenir en la administración financiera de los estados y municipios, en detrimento del orden federal, pero el resto de atribuciones políticas, electorales, sociales y administrativas que ejercía el presidente habrán desaparecido.

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Entre Ejecutivo y partido ya no se presenta la relación simbiótica que los hacía aparecer como fuerza política invencible, inatacable e incluso incuestionable. El partido triunfante ya no repite la disciplina ciega con respecto al titular del Ejecutivo, de suerte que ya no funciona como brazo político del presidente. Esta nueva correlación de fuerzas no sólo beneficia al Legislativo y como veremos, también al Poder Judicial de la Federación, sino incluso al sistema federal, en su conjunto.


: Este proceso incluye las facultades que ejercía el presidente para definir, por ejemplo, las listas de candidatos a diputados locales, los candidatos a gobernador y aun a un buen número de presidentes municipales. Aunado a lo anterior, el presidente perdió —y hay que subrayar que este proceso se inició discrecionalmente con el último gobernante priísta— la posibilidad de influir en los resultados electorales de todo el país que despertaran su interés.

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Apreciables alumnos, como saben, hoy daremos un recorrido por la Democratización del Sistema Político Mexicano. Concretamente, aquellas las circunstancias que rodearon el cambio institucional y la alternancia en México.

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La Constitución de 1917 permitió resolver los conflictos armados en la lucha por el poder, y la creación del Partido Nacional Revolucionario permitió el tránsito de un régimen de luchas intestinas y de golpes de mano, a un régimen institucionalizado, que hoy debemos considerar consolidado.

Esta situación ha hecho que, en lo general, la participación electoral de estas tres fuerzas tienda al reparto equilibrado de posiciones, apuntando las tres, hacia el 33% de los cargos de representación popular, tanto a nivel federal como en los niveles estatal y municipal. Lo que, a pesar de lo sano que pudiera ser, representa una serie importante de condicionantes en el ejercicio del poder, ya que lo que está desapareciendo es el principio de mayoría absoluta.

A ello habría que apuntar una situación adicional que parece aún más grave: el triunfo electoral del 2 de julio, en lo que se refiere a la elección presidencial, no puede atribuirse a ningún partido político, en razón de las siguientes consideraciones: el triunfo se acreditó formalmente a una coalición de partidos, formada por uno de los tres grandes y por otro de los pequeños, que aún sigue luchando por conservar su registro.

El poder del presidente canceló la posibilidad de vivir en un verdadero pacto federal, en el que los poderes estatales y municipales tuvieran la factibilidad de ejercer y hacer respetar su esfera competencial. El centralismo se superpuso al orden federal, consagrado por la norma fundamental, de manera que el presidente era gobernador, legislador y juzgador local y, cuando era necesario, alcalde y regidor.


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